Reducir su contaminación o pagar: la nueva regla para los centros de almacenamiento del sur de California

Si un ciudadano norteamericano pide algún producto de otro país, es muy probable que este llegue a través de un puerto en el sur de California. Es más, se estima que hasta el 40% de los bienes importados a Estados Unidos llegan allí primero y después sí son distribuidos a grandes centros de la región.

Sin embargo, los lugares de almacenamiento han crecido de forma acelerado, haciendo que con esto aumente el número de camiones que deben llegar hasta allí para recoger los productos. Pero más allá de los beneficios comerciales que esto puede traer, lo cierto es que el creciente tráfico de estos camiones, que se mueven a base de diésel, también implica un aumento en las emisiones de carbono y de polución tóxica para los vecinos de los almacenamientos. 

“Estos camiones que entran y salen de estas comunidades y estos almacenes causan lo que se conoce como ´zonas de muerte de diésel´”, explica Faraz Rizvi, del Center for Community Action and Environmental Justice (o Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiantal) de California.

Según ha podido identificar la organización, la polución que atraen estos almacenes tiene consecuencias terribles para la comunidad. Las personas que viven cerca a estos centros de almacenamiento, que superan la dimensión de 300,000 pies cuadrados, presentan mayores tasas de asma y problemas cardiovasculares.

Ante este escenario, son las comunidades locales las que han luchado por un cambio. Recientemente, lograron una victoria, ya que el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast Air Quality Managment District), aprobó en abril de 2021 una nueva norma que le exige a los centros de almacenamientos disminuir sus emisiones. Por ejemplo, pueden empezar a usar camiones que sean cero emisiones o pagar impuestos más altos para compensar el daño ambiental.

La nueva regulación, ha calculado el mismo Distrito, busca que las emisiones de óxido de nitrógeno se reduzcan en un 15%, lo que se traduciría en hasta 300 muerte menos, 5.800 ataques de asma que dejarían de existir y reduciría los días de pérdida laboral hasta en 20.000 días desde el 2022 al 2031. Otra forma de verlo, explica el periódico New York Times, es que los beneficios de salud pública que traería la norma llegarán a ser de $2.7 mil millones.

La iniciativa, claro, tiene sus detractores. Líderes de la industria creen que logar cumplir con estos estándares será demasiado costoso y, a la final, se terminará afectando el número de trabajos que pueden ofrecer las empresas. Pero para Rizvi y otros miembros de la comunidad no es así. “Lo que realmente necesitamos es que la industria pague y se asegure de que están invirtiendo en tecnología verde”, asegura.

En el contexto global, además, se trata de una señal que es tanto innovadora como esperanzadora para enfrentar la creciente crisis ambiental, ya que finalmente le pone el ojo al comercio electrónico, un mercado en expansión.

Nota: Esta historia fue desarrollada en colaboración con Yale Climate Connections y está basada en la cápsula original: New rule requires Southern California warehouses to clean up or pay up